Las medidas adoptadas por el gobierno a raíz del aumento en los precios de los productos, han ido desde reuniones con los alcaldes, para regular el precio de venta de los insumos de primera necesidad en nuestros queridos y concurridos mercaditos, hasta repartir directamente alimentos.
Si bien es cierto que la inflación es un efecto macroeconómico y depende de muchos factores externos, tales como los precios internacionales de los granos, combustibles, fertilizantes, etc., estos afectan a la canasta básica de consumo y a su vez el índice de precios al consumidor (índice utilizado para calcular la inflación). También es cierto que esta misma inflación es un efecto generalizado que no solo afecta negativamente a los pobres y pobres extremos de zonas urbanas y rurales (pues cada vez más familias de campo consumen fideos, aceite, arroz, trigo y demás), sino también a un sin numero de familias que apenas logran ingresos superiores a la línea de pobreza. El presiden te el Banco Mundial Robert Zoellick, señaló que los gobiernos deben invertir de forma “urgente” (y no desesperada, ni pensada en el corto plazo) para evitar que la crisis alimentaría hunda aún más en la pobreza a 100 millones de personas.
El resultado de los ejercicios económicos del último trimestre nos muestra un crecimiento económico realmente alentador, pero la relación con la política actual de chorreo para todos y distribución de riqueza no da muchos resultados, pues la política social sigue siendo mediocre, improvisada, con escasez de propuestas, falta de modernización e injusta. Todo esto porque aún seguimos eludiendo el compromiso hacia nuestra sociedad y hacia los problemas más grandes de nuestro país. Pareciera que solo se quiere luchar contra los efectos, más no contra las causas de nos llevan a la pobreza.